Ayer se concretó una cita entre representantes de Cancillería y del consorcio CBM -conformado por Movitec y la estatal bielorrusa Belaz-, tras la decisión de Codelco de terminar anticipadamente el contrato con la firma.

El jueves se llevó a cabo una audiencia entre representantes de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y la directiva del consorcio CBM -conformado por la chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz-.

Lo anterior, para abordar las consecuencias diplomáticas de la decisión de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de terminar anticipadamente el contrato con esta compañía, a cargo de las faenas del proyecto Rajo Inca.

El consorcio se adjudicó la licitación por movimiento de tierras en marzo de 2021, y al poco andar, evidenció brechas asociadas a las metas de gestión establecidas, produciendo -según acusan desde la cuprífera- un retraso de doce meses en la materialización de las obras, y un deterioro en la producción que se calcula podría llegar a un rango de 90 mil a 100 mil toneladas entre 2023 y 2025.

La estatal además apuntó a incumplimientos legales en materia de seguridad “cuyo punto de quiebre fue el accidente fatal en julio de 2022 que costó la vida del trabajador Rubén Trigo”. Producto del origen estatal de la empresa Belaz, propietaria de camiones de alto tonelaje, se dio a conocer una carta firmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia en la que solicitó la intervención de parte de la Cancillería chilena en el conflicto.

En la cita de hoy estuvieron presentes Rostislav Lavrenov, presidente de Belaz Latinoamerica; Josip Zekul, gerente general de Movitec; y Antonio Saavedra, abogado del consorcio Belaz. Mientras que por el lado del Gobierno participaron Sebastián Gómez, director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subrei y Cristián Toloza, director de division Europa de la dirección general de Relaciones Económicas Internacionales.

De acuerdo a una minuta a la que tuvo acceso Emol, Belaz señala que “el pleno desarrollo del diálogo constructivo y las relaciones amistosas con la República de Chile siempre ha tenido y sigue teniendo un lugar especial en la política exterior de la República de Bielorrusa, y considera que la implementación de proyectos conjuntos de mutuo beneficio en la esfera económica es un elemento importante de la cooperación bilateral, lo cual responde plenamente a los intereses de ambos países”.

Junto con ello, la “creación de una mesa tripartita que pueda dar pronto y buen término a este conflicto, y en cuyo seno se acuerde el pronto pago de los estados de pago no discutidos, reintegro de las garantías y el pago inmediato a los proveedores según nómina entregada a la Codelco y requerida por ésta, a fin de no seguir ocasionando más perjuicio a los colaborades chilenos y al ciclo financiero del Consorcio”.

“Afianzar, a través de esta plataforma, la inversión bielorrusa en Chile y la protección mutua de los proyectos comerciales de ambas naciones, en ambientes no discriminatorios y en igualdad de trato, como ha ocurrido otras ocasiones en conflictos similares”, cerró la firma.

Al respecto, Saavedra comentó que “la Cancillería reconoció en esta reunión el rol estratégico que cumple Chile en la expansión de la empresa bielorrusa para Latinoamérica y la inseguridad para este plan que significó la decisión de Codelco. Los futuros negocios de esta empresa estatal extranjera en nuestro país se ponen en riesgo y eso quedó claro en la cita”. “La Cancillería se comprometió a realizar consultas para evaluar la situación y las posibles repercusiones en nuestras relaciones económicas internacionales con Bielorrusia”, acotó.

Perjuicios económicos

Respecto a los perjuicios económicos ocasionados, Belaz señala que “a la fecha se encuentran aún en la mina los camiones y maquinarias del Consorcio, yacimiento que no está en operaciones. El avalúo de estos equipos y camiones es de aproximadamente US$160 millones”.

“Tampoco a la fecha se ha generado ni resuelto el pago al Consorcio de la suma aproximada de US$60 millones por los siguientes conceptos: estados de pagos pendientes por obras ejecutadas y aceptadas, por más de US$10 millones; pago a proveedores de labores prestadas y aceptadas, por aproximadamente US$20 millones”. A esto se suma el cobro indebido de boletas de garantía, por US$11 millones; indemnizaciones por término anticipado de contrato; costo de desmovilización de equipos y otras partidas”.